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dimarts, 25 de gener de 2011

Igualdad de género en el sistema de pensiones

Veintidós organizaciones de mujeres presentaron el pasado viernes, 21 de enero, a los portavoces de las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad y a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el “Manifiesto: Por la igualdad de género en el sistema de pensiones”.
En el manifiesto, las asociaciones piden una política de incentivo al modelo de mujeres y hombres empleados y cuidadores en igualdad, y no al modelo contrario de hombre empleado/mujer cuidadora sin empleo y con protección social derivada del marido. En este sentido, las asociaciones firmantes demandan que España debe hacer un esfuerzo especial en la individualización de las prestaciones de Seguridad Social. (Web del Forum de Política Feminista)
Los colectivos critican que en la actualidad no hay igualdad real entre mujeres y hombres en la protección social. Al respecto señalan que“son mujeres el 45,01 por ciento de las 17.612.709 personas cotizantes a la Seguridad Social y el 51,35 por ciento de las 8.711.058 personas pensionistas del sistema contributivo. Más de la mitad, el 51,38 por ciento de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad”.
“La menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de hijos y familiares dependientes con las consiguientes “lagunas de cotización”, además de los restos del franquismo que excluyó a las casadas del empleo, llevan a que la pensión media de las mujeres sea ahora de 599 euros, es decir, un 39 por ciento más baja que la de los hombres, de 977 euros al mes” agregan las asociaciones. 
Igualdad
Asimismo, las organizaciones firmantes expresan que la discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas es la causante, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
Según señalan las agrupaciones, la propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo va a incrementar la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen más “lagunas de cotización” por la precariedad y la feminización del cuidado de familiares.
Actualmente, el periodo mínimo de cotización para la pensión contributiva de jubilación es de 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los últimos 15, y el importe de la pensión es un porcentaje de la cotización media durante los últimos 15 años que va del 50 por ciento si solamente se han cotizado 15 años hasta el 100 por ciento para 35 o más años de cotización. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.
Cotizaciones
De igual manera, las asociaciones explican que “son mujeres el 70,63 por ciento de las 454.095 personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) implantadas en 1990 para las personas con invalidez (56 por ciento mujeres) o mayores de 65 años (83 por ciento mujeres) que no han cotizado el mínimo de 15 años exigido para la pensión contributiva de jubilación, no son viudas de personas con 5 o más años cotizados, y no tienen rentas de cualquier tipo, personales o de la unidad familiar. La PNC es de 339,70 euros mensuales, bajo el umbral de la pobreza de 401 euros al mes”.
Por ello, las asociaciones se oponen a la elevación de 65 a 67 años de la edad legal de jubilación, pues el incremento de cotizantes pretendido se conseguiría mucho más con la incorporación de 1,8 millones de mujeres al empleo, sin perjudicar la salud y el desempleo de las personas de 65 a 67 años.
Solicitudes
Por otra parte, los colectivos firmantes piden “no aumentar de los 15 años actuales el periodo de cotización ni el de cómputo para la pensión, porque penalizaría especialmente las lagunas de cotización de las mujeres. La reducción general de la jornada laboral y su compatibilidad con el cuidado -al 50 por ciento por hombres y mujeres- de menores o dependientes, y no incentivar el tiempo parcial de mujeres”.
Otra petición requerida por las asociaciones es la cobertura pública de la demanda de educación infantil de calidad desde los 0 años y de servicios profesionales públicos de atención a la dependencia, sin canjearlos por paguitas a cuidadoras familiares.
También requieren equiparar las tasas de ocupación de mujeres y hombres, sin incentivar las excedencias y prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo y la cotización normales. Además, piden que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles, así como restituir el permiso de paternidad de 4 semanas ya legislado.
Otra de las reclamaciones de las asociaciones es transformar progresivamente la pensión de viudedad de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes. Asimismo, solicitan la i nclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del especial de personas empleadas de hogar, así como la equiparación de las Pensiones No Contributivas al mínimo general de las pensiones.
De los veintidós colectivos que han adherido a este manifiesto se hayan Forum de Política Feminista, la Confederación de Mujeres Rurales CERES, Nosotras Mismas de Chamberí, la Federación Sol Rural, Mujeres de Cooperativas AMECOOP, ACSURAS, Flora Tristán, Fundación Isonomía, Mujeres por la Paz y la Asamblea Feminista de Madrid, entre otras.